Por: JUAN T H
La Junta Central Electoral (JCE), está actuando políticamente para perjudicar al Partido Revolucionario Dominicano de Miguel Vargas, según dicen los voceros y abogados del presidente de la organización. Ocurre que las impugnaciones que han sometido dirigentes del PRD ante la cámara contenciosa de la JCE han sido acogidas y falladas favorablemente en beneficio de los demandantes que, en todos los casos, han pedido respeto a los estatutos, los reglamentos del partido; apego a la Constitución de la República y a la ley electoral.
El nuevo PRD creyó que podía actuar amparado en la fuerza, el terror y el miedo. Que el chantaje a los aspirantes a cargos congresuales y municipales funcionaría. Que nadie se opondría a las decisiones ilegales y antidemocráticas del nuevo dueño del PRD. La cúpula que hoy toma decisiones sin el soporte de los estatutos ni de los organismos correspondientes, creyó que nadie se opondría. Sin embargo, Hipólito Mejía fue dos veces a la JCE. Y las dos veces derrotó a la camarilla del nuevo PRD. Lo hizo utilizando los mecanismos que les otorga la ley en un Estado de derecho. La Cámara Contenciosa de la JCE no hizo más que eso: Actuar en derecho, darle ganancia de causa al que está amparado en la ley. Pero esa camarilla no aprendió la lección. Siguió creyendo que podía continuar atropellando. La convención para escoger a los nuevos dirigentes fue un verdadero tollo. El desorden fue mayúsculo. El fraude electoral se hizo a la luz del día. Las actas lo confirman. El fraude está demostrado. Nadie lo duda. Hasta los que participaron en la fullería lo dicen. Tanto a Guido Gómez Mazara como a Tony Peña Guaba le ofrecieron cargos y hasta dinero para que no enfrentaran a la camarilla. No aceptaron prebendas. Es decir, no se vendieron, como muchos que vendieron su razón, su conciencia y su historia. Guido y Tony decidieron ir a la JCE. Ganaron el primer capítulo de la tragicomedia de la Convención. Y ganaran otra vez. La razón es simple: La ley electoral, los estatutos, los reglamentos y hasta la nueva Constitución de la República lo respaldan.
La camarilla del Nuevo PRD no se dio cuenta de que tenemos una Nueva JCE, que los tiempos en que la ley electoral era lo que menos importaba, pasó. Esa camarilla del Nuevo PRD creyó que aun vivimos los tiempos en que los intereses políticos estaban por encima de la ley en la JCE. No sabían que tenemos una Nueva JCE, es decir, un organismo que no coge corte, que no acepta presiones ni chantajes, que actúa conforme los dictámenes de la ley. Las acusaciones que hoy les hacen los abogados y voceros del Nuevo PRD, no asustan a Eddy Olivares, Mariano Rodríguez, Leyda Piña, John Guiliani y Aura Celeste Fernández. Las acusaciones en su contra son infundadas. No es cierto que estén actuando por mandato político de nadie. En todo caso los favorecidos serían los nuevos dueños del PRD que hacen acuerdos secretos en letrinas con el presidente de la República. La JCE está jugando el rol que le asigna la ley. Nada más. La JCE no le hace daño al nuevo PRD. Es el Nuevo PRD el que le hace daño a la JCE. Es el Nuevo PRD el que le hace daño al PRD. Y le hace daño al país. La JCE es la entidad garante de los derechos de los militantes y dirigentes de todos los partidos políticos del sistema que reciben fondos del Estado. La camarilla del Nuevo PRD quiere que le den la razón, sin tenerla, ganancia de causa sin merecerla. Esa camarilla sabe que “lo ilegal lo corrompe todo”, incluso al PRD. Pero no le importa. Continuará haciéndole daño para que no vuelva al poder. Está en la parte que no se ve del pacto con Leonel.
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